A partir del 01 de septiembre, la Ley de Delitos Económicos entrará en plena vigencia en Chile, estableciendo un nuevo marco legal que amplía significativamente la responsabilidad penal de las empresas y sus ejecutivos. Este cambio normativo incluye una extensa lista de más de 200 delitos, lo que supone un desafío para las organizaciones en términos de cumplimiento y gestión de riesgos.
La nueva Ley de Delitos Económicos, marca un hito en la regulación del comportamiento empresarial. Con más de 200 tipos de delitos incluidos en su catálogo, la normativa no solo aumenta las penas para los delitos ya conocidos, sino que también introduce nuevas tipificaciones, lo que amplía considerablemente el alcance de la responsabilidad penal de las empresas.
Lo anterior significa que los ejecutivos y representantes legales estarán bajo un escrutinio más estricto, enfrentando sanciones que pueden ser más severas dependiendo del tamaño y los ingresos de la empresa involucrada.
Uno de los aspectos más innovadores de esta ley es la introducción del concepto de "justicia corporativa", esto es, la Ley N° 20.393, Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, consagra lo que se ha denominado responsabilidad penal por organización defectuosa.
El enfoque obliga a las empresas a llevar a cabo investigaciones internas y a reportar irregularidades antes de que sean detectadas por las autoridades, sancionando así a la empresa que incumpla sus deberes de dirección y supervisión, careciendo de un modelo que prevenga algunos delitos, entre ellos delitos de cohecho, soborno público o entre particulares, lavado de activos y otros delitos económicos.
El cambio no solo altera la dinámica de poder dentro de las organizaciones, sino que también aumenta las responsabilidades de los departamentos de cumplimiento y auditoría interna, puesto que las empresas que no se adapten a este nuevo paradigma corren el riesgo de enfrentar sanciones más graves, incluso si las irregularidades detectadas son menores.
La ley exige que las empresas adopten medidas proactivas para prevenir y detectar cualquier forma de delito económico, esto incluye la implementación de sistemas de control interno más rigurosos, la capacitación continua de los empleados en temas de ética y cumplimiento, y la creación de canales efectivos para la denuncia de irregularidades.
Además, las empresas deben ser capaces de demostrar que han tomado todas las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos, lo que implicará una revisión constante y actualización de sus políticas y procedimientos internos.
La ampliación del catálogo de delitos trae consigo un desafío importante para las personas jurídicas, en cuanto a la elaboración e implementación de un modelo de prevención de delitos que sea adecuado para eximirlas de responsabilidad penal. Es por esta razón, que el modelo de prevención de delitos se convierte en la piedra angular para la protección y seguridad de la persona jurídica.
El modelo de prevención de delitos (MPD) puede ser definido como un documento en el que consta un sistema de organización empresarial (protocolos, políticas y otras herramientas y actividades de control de procesos riesgosos) destinado a asegurar la observancia de la normativa penal por parte de la empresa u organización.
El incumplimiento de esta ley puede resultar en sanciones económicas que van desde multas hasta la disolución de la empresa. De igual forma, los ejecutivos podrían enfrentarse a penas de prisión si se demuestra su participación directa o negligencia en la comisión de delitos.
La ley también contempla la posibilidad de que las empresas sean sancionadas por actos cometidos por sus empleados, lo que aumenta la presión sobre los líderes empresariales para asegurarse de que todas las operaciones se lleven a cabo dentro del marco legal.
Para adaptarse a esta nueva realidad, las empresas deben adoptar un enfoque integral que combine la prevención, la detección y la respuesta ante posibles delitos económicos. Esto incluye la realización de auditorías internas periódicas, la actualización de los programas de cumplimiento y la creación de una cultura organizacional que promueva la ética y la transparencia.
Las empresas que se preparen adecuadamente no solo podrán evitar sanciones, sino que también fortalecerán su reputación y competitividad en el mercado.
Con la entrada en vigencia de esta ley, el panorama empresarial en Chile cambiará de manera significativa. Las empresas deberán estar más atentas a sus obligaciones legales y tomar medidas proactivas para asegurar el cumplimiento de la normativa, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo.