El outsourcing fue una práctica común en México hasta 2020, cuando se contabilizaban 4.6 millones de trabajadores subcontratados. Sin embargo, debido a irregularidades y evasión fiscal, el gobierno implementó regulaciones más estrictas.
Desde septiembre de 2021, la ley mexicana solo permite la subcontratación para servicios especializados, prohibiendo la tercerización de actividades esenciales de una empresa.
Las empresas que aún operan bajo este esquema deben registrarse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y renovar su inscripción cada tres años.
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